A mis veintiocho años no recuerdo una crisis política nacional tan grave como la actual. El único evento de similar magnitud que se me viene a la mente es la renuncia por fax de Alberto Fujimori en el año 2000. Esa renuncia exhibió a un Estado con corrupción sistematizada y déficit de institucionalidad. Lamentablemente, diecinueve años más tarde observamos problemas similares en el aparato estatal.
Desde las elecciones de 2016 los peruanos hemos sido testigos de una serie de eventos que han evidenciado la aguda crisis política que se vive actualmente en el país. Para entender la actual crisis política es necesario un breve recuento de los hechos más importantes de esta crisis, caracterizada por la confrontación entre el oficialismo (políticos que apoyan al presidente) y la oposición:
Julio de 2016: Pedro Pablo Kuczynski es electo Presidente de la República, triunfando sobre Keiko Fujimori por una estrecha diferencia de cuarenta mil votos. En el Congreso la figura es distinta – mayoría abrumadora fujimorista con 73 de 130 congresistas. Esta marcada diferencia entre el poder ejecutivo y el legislativo hará muy difícil una convivencia que beneficie al país durante el gobierno de Kuczynski.
Agosto de 2017: Ante la moción de censura de la Ministra de Educación presentada por el fujimorismo, el Primer Ministro Fernando Zavala solicita al Congreso una cuestión de confianza, instrumento constitucional por el que el poder ejecutivo solicita al congreso su respaldo a un asunto determinado. El congreso rechaza la cuestión de confianza, produciendo la crisis del gabinete, el reemplazo de Zavala y otros cuatro ministros. Este es el primer golpe significativo que da el congreso al poder ejecutivo.
Diciembre de 2017: La Comisión Lava Jato del Congreso, encargada de investigar la red de corrupción de Odebrecht en el Perú, revela un vínculo de esta empresa con Kuczynski, a través de consultorías realizadas por su empresa Westfield Capital a Odebrecht entre 2004 y 2007, periodo en el que sirvió como Ministro de Economía y Finanzas y luego como Primer Ministro de Alejandro Toledo. Ante ello, el Congreso somete a voto su vacancia por incapacidad moral, la cual es desestimada por no alcanzar el número de votos requeridos. Kuczynski concede el indulto humanitario al expresidente Alberto Fujimori y forma un nuevo gabinete ministerial, denominado “Gabinete de la Reconciliación”. Con esta medida, el ejecutivo intenta a toda costa establecer una tregua con la oposición en el gobierno del país.
Marzo de 2018: El Congreso promueve una segunda moción de vacancia contra Kuczynski en virtud de las acusaciones por el caso Odebrecht. Salen a la luz videos que muestran a miembros del oficialismo ofreciendo obras públicas a congresistas de la oposición a cambio de apoyo a Kuczynski en contra de la segunda moción de vacancia. Kuczynski renuncia a la Presidencia del Perú, juramentando el hasta entonces ausente primer vicepresidente Martín Vizcarra, quien se encontraba en Canadá ocupando el cargo de embajador, como nuevo presidente. A Vizcarra no se le conocen vínculos con Odebrecht ni antecedentes de corrupción, lo que fortalece su posición.
Julio de 2018: El portal periodístico IDL Reporteros difunde audios que revelan supuestos actos de corrupción y tráfico de influencias, involucrando a jueces y miembros del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), obtenidos a raíz de una investigación a una organización criminal dedicada al tráfico de drogas que operaba en el Puerto del Callao. Ante ello, renuncian el Ministro de Justicia Salvador Heresi y el presidente de la Corte Suprema del Callao Duberlí Rodríguez. Pedro Chávarry, Fiscal de la Nación electo a inicios de mes, se niega a renunciar pese a estar involucrado en uno de los audios con el juez supremo César Hinostroza. Esta clara señal del alto nivel de corrupción en el poder judicial estremece a la sociedad.
Septiembre de 2018: El Primer Ministro César Villanueva presenta una cuestión de confianza ante el Congreso, anunciada por Martín Vizcarra ante la falta de respuesta de los parlamentarios a cuatro proyectos de reforma política a decidirse en un referéndum popular relacionados a generar institucionalidad. El Congreso acepta la cuestión de confianza y se programa el referéndum para diciembre de 2018. Se observa una mayor colaboración del congreso con el poder ejecutivo, que cuenta con el apoyo de la población.
Octubre de 2018: El fiscal Domingo Pérez acusa a Keiko Fujimori de liderar una organización criminal al interior de su partido que supuestamente lavó los aportes ilícitos entregados por Odebrecht, solicitando prisión preventiva bajo el riesgo de que pueda obstaculizar el proceso. El juez Richard Concepción dicta 36 meses de prisión preventiva contra Keiko Fujimori y otros miembros de su partido. A la fecha de este artículo, Keiko Fujimori permanece en prisión preventiva al igual que los partidarios Pier Figari y Luis Mejía Lecca, mientras que Jaime Yoshiyama se encuentra prófugo en Estados Unidos y Giancarlo Bertini Vivanco ha sido capturado por la Interpol en Italia. Esto representa el golpe más duro al fujimorismo desde la caída del régimen de Alberto Fujimori.
Noviembre de 2018: El juez Carlos Sánchez dicta 18 meses de impedimento de salida del país contra Alan García Pérez, ex presidente del Perú, por la investigación que le sigue la fiscalía en el caso de la línea 1 del metro de Lima, ejecutada por Odebrecht. García solicita asilo político a Uruguay alegando una persecución política, el cual es denegado. A la fecha de este artículo, García se encuentra afrontando diversas investigaciones bajo impedimento de salida del país. Con ello se observa a los dos principales líderes de la oposición más vulnerables de lo que nunca han estado.
Diciembre de 2018: El referéndum popular aprueba tres de las cuatro reformas políticas: conformación y funciones de la Junta Nacional de Justicia (antes CNM), regulación del financiamiento de organizaciones políticas, y prohibición de la reelección parlamentaria. La población rechaza la reforma de la bicameralidad, cuyo proyecto sufrió severas modificaciones por el Congreso para el referéndum. Los resultados del referéndum demuestran el apoyo de la ciudadanía al presidente Vizcarra así como su rechazo a la corrupción imperante en el país.
Enero de 2019: Pedro Chávarry remueve a los fiscales Domingo Pérez y Rafael Vela del Caso Lava Jato, aduciendo que habían afectado la institucionalidad del Ministerio Público con sus declaraciones. Ante ello, el presidente Vizcarra presenta al Congreso un proyecto de ley para declarar en emergencia el Ministerio Público. Posteriormente, Chávarry anuncia la reincorporación de los fiscales Pérez y Vela, y días después presenta su renuncia, asumiendo Zoraida Ávalos como Fiscal de la Nación interina, quien declara en emergencia el Ministerio Público. Con la renuncia de Chávarry el tablero queda despejado para combatir la corrupción.
Como se puede apreciar, la crisis política producto de la confrontación entre el oficialismo y la oposición se ha agudizado en este año y medio. Los diversos escándalos de corrupción en este periodo, empezando con el caso Odebrecht, han afectado considerablemente a ambos grupos. Si bien esto genera un clima de inestabilidad política en el Estado, considero que también representa una oportunidad para intentar erradicar la corrupción en el aparato estatal peruano y reformarlo.
A pesar de las iniciativas para combatirla, en el Perú sigue abundando la corrupción y trágicamente forma parte de nuestra idiosincrasia nacional. Por ello, debemos enfocarnos en las nuevas generaciones, en los niños que empiezan a formar sus valores y criterios. Es necesaria una reforma educativa que ataque el concepto de la viveza criolla, tan arraigada en nuestra sociedad. Mientras sigamos alentando comportamientos como estar por encima de la ley, pagar menos impuestos y no respetar las normas cívicas, la corrupción seguirá presente en la ciudadanía y no podrá ser eliminada. Si a esta reforma educativa le sumamos campañas de concientización ciudadana, deja de ser tan descabellado el ideal de un Perú sin corrupción.
Hace unos días el equipo fiscal del caso Lava Jato acordó la firma de un acuerdo de colaboración eficaz con Odebrecht, por medio del cual la empresa entregará todas las pruebas de corrupción y lavado de activos que comprometan a funcionarios públicos así como a las personas naturales y jurídicas nacionales y extranjeras con las que Odebrecht formó consorcios para cometer actos de corrupción. Esto representa una gran oportunidad para atacar la corrupción a nivel nacional, revelando nuevos actores y esquemas delictivos que hasta el momento se desconocen o no se pueden probar.
Los últimos cuatro expresidentes del Perú están siendo investigados por delitos relacionados a corrupción, junto con empresarios de las compañías más reconocidas. Estamos reformando instituciones enteras como el difunto Consejo Nacional de la Magistratura. Con estas acciones enviamos un mensaje claro a todo el país y al resto del mundo: en el Perú no se tolera la corrupción, aquí los funcionarios y empresarios corruptos no quedan impunes.
Para crecer como país, necesitamos gobernantes que quieran servir al Perú y no servirse del Perú. Al tener como prioridad la lucha contra la corrupción, estamos apostando por futuras generaciones de peruanos íntegros, éticos y transparentes. Aprovechemos esta oportunidad para marcar un cambio en el sistema, un antes y un después en la política peruana.
